Revista Jurídica Cajamarca

El surgimiento de la protección al consumidor

Cristian Javier Araujo Morales (*)

Las normas dirigidas a proteger a los consumidores tienen el extraño privilegio de ser la rama más antigua y, a la vez, más moderna de lo que hoy se conoce como el área de Derecho de la Competencia. Ciertamente, podemos rastrear el origen de algunas normas de protección al consumidor al antiguo Derecho Romano. Por ejemplo, en el Digesto de Justiniano se distingue entre el que a sabiendas, o con ignorancia, vendió ganado enfermo o un madero defectuoso. El primero, nos dice Ulpiano, el que “sabiéndolo se calló, y engañó al comprador, habrá de responderle de todos los perjuicios que el comprador hubiere experimentado por aquella compra”.[1] En el medioevo temprano encontramos en la Suma Teológica de Tomas de Aquino discusiones acerca de si una venta se hace ilícita por defecto en la cosa vendida y acerca de si el vendedor está obligado a manifestar los vicios de la cosa vendida.[2]

Con el fraccionamiento del Imperio Romano y la consecuente reducción de la actividad comercial, la protección al consumidor prácticamente desaparece en la Edad Media. No será sino hasta principios del Siglo XVII que encontremos referencias aisladas a la máxima caveat emptor, “que el comprador esté alerto”, en el Derecho Común Inglés.[3] En los siglos siguientes, encontraremos en los reportes judiciales algunos casos de fraude y venta de medicinas y alimentos en mal estado.[4]

Con el auge de la revolución industrial del Siglo XIX, comienzan a presentarse casos de responsabilidad por productos defectuosos con cierta frecuencia.[5] No obstante, el nacimiento de la moderna responsabilidad por productos defectuosos se remonta a 1916 con el caso de MacPherson v. Buick Motor Co. decidido por la Corte de Apelaciones de Nueva York.[6]

Más espectacular que el nacimiento de la moderna responsabilidad por productos defectuosos, sin embargo, fue el explosivo desarrollo de la Protección al Consumidor a fines de la década de los ‘50 y principios de los ‘60. Es a partir de este momento que efectivamente se masifica la producción y el consumo. De la mano de estos fenómenos económicos se transforma la manera en que los consumidores y proveedores interactúan. Se pasa de relaciones o tratos directos a transacciones estandarizadas y despersonalizadas, por medio de máquinas expendedoras o, más recientemente, por medios electrónicos. Es por ello que en estas últimas décadas se desarrollan los pilares fundamentales de la Protección al Consumidor como son la responsabilidad objetiva del proveedor, la obligación de retirar los productos que ponen en el mercado cuando éstos conlleven riesgos injustificados o no advertidos, así como el ofrecimiento de garantías implícitas, todas las cuales se aplican hoy en día en el Perú.

Es  en este contexto de auge del desarrollo de la protección al consumidor, que el 15 de marzo de 1962 John Kennedy, Presidente de los Estados Unidos,  pronuncia ante el Congreso de su país una serie de apreciaciones respecto al papel que cumplen los consumidores en el desarrollo económico. Kennedy anunciaba entonces que la ciudadanía plena no sólo depende de una adecuada protección y garantía de nuestros derechos políticos, ejercidos a través del sistema democrático, sino que se hace indispensable una adecuada protección y garantía de nuestros derechos económicos.

 Aquel 15 de marzo, Kennedy formuló y propuso cuatro derechos básicos de los consumidores que se mantienen hasta nuestros días: el derecho a la información, el derecho a la seguridad, el derecho a escoger y el derecho a ser escuchado. Veintiún años después de esta histórica presentación la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 15 de marzo como el “Día Mundial de los Derechos del Consumidor”, el mismo que se celebró por primera vez en 1983. Asimismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó los lineamientos generales para la protección de los consumidores a nivel mundial a partir de 1985.

 La evolución histórica de la Protección al Consumidor en nuestro país es algo más tardía, pero en cierta forma muy similar. En el Perú, la protección al consumidor encuentra sus orígenes legales en el D.S. 036-83-JUS del año 1983,[7] es decir, con posterioridad al proceso de industrialización de la actividad económica impulsado durante el Gobierno Militar. No obstante, como en el caso norteamericano, la “explosión” adolescente de la protección al consumidor llegará en la década de los ’90 con la promulgación de la Ley de Protección al Consumidor[8] y la creación del Indecopi,[9] es decir, luego de las reformas promulgadas en dicha década que marcan el viraje de una sociedad con fuerte énfasis centralista hacia un modelo predominantemente de mercado, que privilegia la leal y honesta competencia en beneficio del consumidor.

No es casual que el renacimiento de las normas de protección al consumidor se sitúe históricamente en las postrimerías de los procesos de industrialización de la actividad productiva. Tampoco es casual que estas normas empiecen a encumbrarse en épocas en que nuestras economías, efectivamente, se masificaron. Por el contrario, estas normas responden a necesidades concretas resultantes de las formas de organización de la actividad productiva. En otras palabras, las formas de organización económica modernas nos han conducido, necesariamente, ha repensar nuestro ordenamiento legal y, en particular, la protección que se le debe brindar a  los consumidores.

Sin duda los derechos de los consumidores se han convertido en un tema de gran actualidad. El desarrollo económico, la apertura de mercados, la globalización y la competencia han reforzado la posibilidad de que los consumidores puedan elegir y satisfacer sus necesidades. La tecnología trae mejores productos, la calidad se convierte en una consigna para toda empresa que se precie de ser competitiva, y la mayor competencia nos trae mejores precios y oportunidades.

Estos fenómenos han beneficiado a los consumidores, pero también han planteado nuevos retos para la sociedad en su conjunto. Hoy las decisiones se toman con menor tiempo, con cantidades importantes de información que deben ser procesadas y asimiladas con una dinámica que era inimaginable hace unas décadas, como sucede por ejemplo en los casos del comercio electrónico. Los consumidores se benefician de la leal y honesta competencia, pero también enfrentan nuevos riesgos y problemas que la sociedad civil tiene que resolver.

El desarrollo de un país no depende sólo de la calidad de sus empresas, sino también de la calidad de sus consumidores. Consumidores exigentes generan empresas exigentes consigo mismas. La calidad no depende sólo de quien produce, depende tanto o más de quien compra. Si los consumidores desean productos de mayor calidad, pueden reflejar esta expectativa a través de sus decisiones de consumo. En otras palabras, en el proceso competitivo, los consumidores pueden “premiar” con sus preferencias a aquellas empresas que sepan satisfacer mejor sus necesidades, lo que a su vez conllevará a que los proveedores mejoren sus estándares y reduzcan sus precios. En ese contexto, el problema de los derechos de los consumidores es un tema que involucra el desarrollo económico de un país.

NOTAS:

(*) Abogado. Jefe de la Oficina Descentralizada Indecopi - Cajamarca.